Normativa
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1.- ¿Que es el depósito de fianza?

De conformidad con el artículo 36 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León y el también artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la formalización de los contratos de arrendamiento de viviendas y locales es necesario (obligatorio por tanto), entregar una fianza, cuyo importe será como mínimo de una mensualidad de renta para las viviendas y dos para los locales. Por tanto el depósito de fianza es simplemente la obligación que entregar administrativamente una cantidad económica por el mero hecho de haber realizado un contrato de arrendamiento.

Este importe tiene que ser entregado en metálico, no admitiéndose ningún otro tipo de entrega o garantía.

2.- ¿Quién tiene que hacer el depósito?

El obligado a hacer el depósito es el arrendador o subarrendador, (Articulo 37 LDVCYL). Esto nos indica que no es forzosamente el propietario, sino la persona que esté en la situación de poder ceder el bien inmueble mediante negocio arrendaticio sometido a la ley de Arrendamientos Urbanos, estando vinculados por tanto los usufructuarios, subarrendatarios y cualquier otro poseedor de buena fe que esté facultado para realizar dicho negocio jurídico.

Se exceptúan las administraciones públicas y resto del sector público.

3.- ¿Por qué es obligatorio el depósito de fianza?

Por así estar expresamente establecido en las leyes antes indicadas, habiendo considerado el legislador junto con la obligación, las consecuencias de su incumplimiento.

4.- ¿Cuál es el importe del depósito de fianza?

Como ya se comentó anteriormente, se establece un importe mínimo, que viene reflejado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y que son dos mensualidades en caso de local (uso distinto de vivienda) y una en caso de vivienda.

No son objeto de fianza las cantidades asimiladas a la renta, comunidad… En todo caso el importe será esa mensualidad neta, antes de aplicarle incrementos o disminuciones fiscales (IVA y Retenciones).

Cuando se haya fijado una obligación de pago por período distinto al mes, se harán los cálculos necesarios para obtener el importe mensual.

Como hemos indicado es un importe mínimo, lo que permite que en caso de pacto entre las partes se puedan depositar cantidades superiores, teniendo estas el mismo destino y garantía que las mínimas.

5.- ¿Qué pasa si no deposito la fianza?

La legislación del derecho a la Vivienda de Castilla y León en su artículo 41, establece que los depósitos de fianza tiene el carácter de Derechos de Naturaleza Pública de la Comunidad, o dicho de otra forma. Son los derechos de contenido económico y naturaleza Publica de la Haciendo comunitaria, así como los tributos y demás derechos cuya titularidad corresponda a la administración General de la comunidad “. (Artículo 22 de la Ley 2/2006, Ley de Hacienda y Sector Público de Castilla y León).

Este tipo de Derechos de Naturaleza Pública tienen la característica de originar relaciones Jurídico Publicas, que llevan aparejada la facultad coactiva de la administración. En otras palabras, que la administración tiene las prerrogativas para utilizando los procesos administrativos correspondientes, obtener los ingresos que no hayan sido satisfechos por los obligados, e imponer sanciones por la infracción realizada, si se ha legislado al respecto.

Junto con lo antes indicado diremos que la Junta de Castilla y León dentro de esta facultad que tiene de regular el DEPOSITO DE FIANZA COMO DERECHO DE NATURALEZA PUBLICA, reguló en la ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León, las sanciones por la no realización del depósito y que son las siguientes.

Infracciones y sanciones.- Art 102 a 105-

Muy Graves.- No depositar cantidades superiores a 6.000 €.- Multa de 15.001 € a 90.000 €.

Graves.- No depositar cantidades superiores a 600 €.- Multa de 3001 € a 15.000 €.

Leves.- No depositar cantidades inferiores a 600 €.- Multa de hasta 3.000 €.

6.- ¿Quién impondrá las sanciones por no depositar fianza?

La Ley del derecho a la vivienda en Castilla y León establece que la facultad inspectora corresponde en materia libre a los Ayuntamientos y en materia de vivienda protegida a la Comunidad Autónoma.

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